La constitución que nadie cumple: la separación de poderes

Este 6 de diciembre se cumplen 45 años de una Constitución en boca de todos, que nadie cumple y con una redacción lo suficientemente laxa como para permitir que cada uno la amolde a su discurso según le favorezca.

Artículo 1.1 de la Constitución Española: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Aunque en ningún momento nuestro ordenamiento jurídico define qué requisitos debe cumplir un “estado democrático” o qué es “democracia” y, por lo tanto, nuestras leyes no pueden regirse por eso. Vamos a sentar las bases intentando alcanzar un consenso:

El ABC, el 28 de octubre de 1976 abre en portada: “… una base democrática, entendiendo ésta como sistema esencialmente basado en el sufragio universal, la separación de poderes y la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento”. Tres conceptos en los que creemos estar todos de acuerdo y de los que únicamente se cumple el último.

Juan Palomo y la NO separación de poderes.

La Constitución de Cádiz (1812) ya contemplaba la necesidad de una división de los poderes del Estado, separación que es la base de cualquier estado democrático, moderno y de derecho hoy en día, ya que no sólo asegura su independencia, sino que favorece la fiscalización de sus acciones entre sí.

… en España no existe la separación de poderes. De hecho, Europa lleva más de una década advirtiéndonos de ello y amenazando con tomar medidas.

110 años después, la separación de poderes no está contemplada en nuestras leyes ni en nuestra Constitución. A pesar de que muchos expertos dicen que está implícita en los artículos que delimitan los poderes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo cierto es que estas afirmaciones hacen aguas por todos lados ya que en España no existe la separación de poderes.

Una vez que el ciudadano ha ejercido su derecho a voto, el legislativo (Congreso y Senado) resultante de esa votación será el que seleccione, directa o indirectamente, tanto el poder ejecutivo como a la cúpula del judicial, acumulando el poder e incurriendo en un gravísimo conflicto de intereses.

100% del poder ejecutivo y el 100% de las máximas autoridades del judicial son elegidas por el legislativo.

En un perfecto Juan Palomo, “yo me lo guiso, yo me lo como”, serán diputados y senadores los que interfieran en cómo se aplican las leyes, cómo se controlan sus actuaciones y cómo serán juzgados en caso de verse implicados en casos de corrupción, nepotismo, prevaricación, etc.

Aunque pueda ser innegable la profesionalidad de los jueces, es obvio, que cada uno de ellos posee -como cualquier ser humano- una deriva ideológica personal que afecta en su vida diaria y por lo tanto, también en sus decisiones. Por esta deriva, cuanto más marcada mejor, es por la que serán elegidos para sus cargos por parte del Legislativo.

… la NO renovación del CSPJ, con mandato caducado desde hace cinco años y en la que, izquierdas y derechas, siguen sin ponerse de acuerdo en a cual de sus ideologías debería parecerse más este órgano supuestamente independiente.

Buena prueba de ello es la NO renovación del Consejo Superior del Poder Judicial, con mandato caducado desde hace cinco años y en la que, izquierdas y derechas, siguen sin ponerse de acuerdo en a cual de sus ideologías debería parecerse más este órgano supuestamente independiente, o el famoso Whatsapp del Ex-senador Ignacio Cosidó, que tras la renovación del CGPJ escribió “Controlaremos la sala segunda por la puerta de atrás”.

De hecho, Europa lleva más de una década advirtiéndonos de ello y amenazando con tomar medidas al respecto. Pero las críticas a nuestra deficiente democracia no son sólo externas. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en 2016 invitaba a los parlamentarios a una reflexión sobre la independencia del Poder Judicial tras años de peleas entre rojos y azules para controlarlo.

¿Son ignorantes… o nos quieren mantener ignorantes?

Entonces, si no existe la separación de poderes… ¿Por qué quieren que pensemos que sí?, ¿Por qué un partido acusa al otro -y viceversa- día sí, día también de atentar contra la separación de poderes?

Caben dos teorías:

La primera, que nuestros representantes no conocen ni quieren conocer nuestro ordenamiento jurídico, pues la prioridad en su acceso al cargo de diputado es otra, quizá mucho más superflua… más rectangular y con colores impresos en papel moneda.

La segunda, mucho más sibilina, sugiere que son perfectamente conocedores de la inexistencia de la separación de poderes, pero que como dijo Joseph Goebbels “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Es decir, les conviene que creamos que todo está bien, que vivimos en una democracia y que tenemos poder de decisión, para que su posición de poder quede intacta y puedan hacer y deshacer sin interferencia alguna del ciudadano, no vaya a ser que este se de cuenta que esto no es una democracia real, la exija y se les desmonte el chiringuito.

Un único atisbo de democracia.

Visto lo visto, y con el legislativo acumulando todo el poder y controlando todas las facetas de nuestra vida cotidiana, la única solución es acudir a la etimología de DEMOCRACIA: dēmokratía, dēmos, «pueblo» y kratos, «poder».

La posibilidad de poder votar para dejar escaños vacíos es la manera efectiva de ejercer ese gobierno ciudadano que define la Democracia. Introducir en el sistema electoral la única forma que existe de penalizar las malas acciones de nuestros representantes políticos, haciéndoles perder poder político y económico.

Escaños en Blanco defiende desde 2010 la implementación de este tipo de voto en nuestras leyes electorales y, hasta que esto no esté implementado, lo realiza de facto dejando vacíos los escaños que consiga para representar las voces críticas dentro de los parlamentos.

De esta forma, el poder legislativo puede ser fiscalizado por el ciudadano, devolviéndole así el poder del que, como dice nuestra Constitución, emanan los poderes del estado.

Es decir, la mera existencia de Escaños en Blanco es a día de hoy, una de las pocas garantías para que empiece a cumplirse la Constitución.