En enero de 2011, una modificación de la ley electoral hizo cambiar las cosas para muchos partidos. A partir de ese momento, cualquier partido que no tenga representación en el Congreso o en el Senado deberá obtener al menos un 0,1% de firmas del censo de su circunscripción para poder presentarse a las elecciones. El plazo legal para obtenerlas es de 20 días. Los motivos ofrecidos para incluir tal sentencia fueron unos cuantos, e intentaremos ver hasta qué punto están motivados.
Falso mito 1: Lo hacen para impedir que alguien utilice un partido para conseguir datos del censo
A ver, ¿quién puede querer el censo de todo un país? Está claro que la tienda de debajo de casa no lo necesita para nada, o sea, que estaríamos hablando de grandes empresas dispuestas a gastarse un gran dineral con publicidad. ¿Realmente creen que una empresa así no puede crear un partido político (250 €) y pagar a unas personas para recoger firmas durante 20 días? ¿O presentarse a las municipales o autonómicas, donde te dan el censo sin pedirte firmas? Probablemente este no es el motivo real.
Falso mito 2: Es para reducir el gasto en papeletas
Este año, con esta nueva ley, han apartado a unos 30 o 40 partidos y han conseguido un ahorro de 850.000€ en papeletas. Este ahorro incluye una reducción de impresiones de papeletas de los partidos que sí han conseguido las firmas. Sin embargo, los grandes partidos volverán a pedir dinero para hacer correo masivo en todas las casas y enviar, evidentemente, sus papeletas. Papeletas que pagamos nosotros en forma de subvención a partidos políticos. Aparte, los partidos se gastarán unos 60 M € en campaña. Pero evidentemente, la reducción la deciden hacer por los de abajo. Que no falte.
Seguimos pensando, pues, que este tampoco es el motivo real.
Falso mito 3: Todos somos iguales ante la ley:
Cuando salió esta ley, muchos partidos tuvimos que interponer recursos o cartas al defensor del pueblo alegando que esta ley discriminaba y incumplía el principio de igualdad ante la ley que marcaba la constitución. La respuesta fue clara: Esta ley no era discriminatoria ya que las firmas las tenían que pedir todos los partidos políticos que no tuvieran representación. O sea, que no nos discriminaba entre los discriminados, sino sólo entre partidos grandes y pequeños.
Conclusiones:
Es evidente que existe un gran problema con la gran cantidad de partidos en España y con el gasto electoral, pero quizá deberíamos buscar otras formas para solucionar el problema. Eliminar partidos que no funcionan desde hace años, pedir firmas a partidos de nueva creación y no permitir que tres personas con 250 € puedan hacer uno, implementar sistemas de votación electrónicos que eliminen las papeletas, limitar el ámbito de acción de partidos y modificar las leyes dependiendo de si es un partido local, autonómico o nacional o eliminar la subvención para envío propaganda electoral serían algunas cosas que se podrían hacer.
Lo que buscaba esta reforma era impedir y eliminar a muchos partidos, lo que han conseguido.
